El recorte entrará en vigor a partir del 15 de octubre y afecta también al personal docente y sanitario, el más expuesto a contagios
La Vanguardia 5/10/2012 Ni una intervención quirúrgica de urgencia, ni un ataque de apendicitis, ni
una tuberculosis, ni siquiera un cáncer. Cualquier empleado
público, ya sea maestro, médico, enfermera o auxiliar de geriatría, que
caiga enfermo dejará de percibir un 50% de su
retribución salarial durante los tres primeros días
que cause baja y desde entonces hasta el vigésimo día, un 25%. Y es que a partir
del 15 de octubre empezará a aplicarse el artículo 9 del Real Decreto 20/2012 aprobado por el Ejecutivo
español. La norma abre la puerta a que los gobiernos autonómicos complementen
desde el inicio de la baja la prestación que corre a cuenta de la Seguridad
Social hasta alcanzar el 100% de la retribución siempre que esté “debidamente
justificado”.
Tras conocerse el decreto en agosto, los sindicatos y la
Administración catalana se sentaron a negociar con el fin de estudiar de qué
modo se materializaría la nueva ley. “Hemos intentado conseguir los topes
máximos fijados por el decreto, ya que de no haber llegado a un acuerdo, los empleados públicos se hubieran quedado sin
sueldo los tres primeros días de la incapacidad temporal,
cobrarían un 60% del cuarto al vigésimo día y un 75% hasta la fecha en que
volvieran a incorporarse al trabajo”, explica Sílvia Cegarra, coordinadora del
sector Generalitat de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de CC.OO.
Cegarra hace referencia a las prestaciones que cubre el Régimen General de la
Seguridad Social al que se acogen miles de trabajadores en España y lo que
hubiera entrado en vigor si no se hubiera llegado a un pacto con el Ejecutivo
catalán.
El responsable de la Generalitat de UGT, Xavier Casas, asegura que con este
nuevo recorte los trabajadores públicos “pasarán a estar en el
rango bajo de protección por enfermedad”. Y es que, según este sindicato,
firmante también del acuerdo, el 62% de convenios colectivos del sector privado
contemplan una cobertura de hasta el 100% del salario en caso de incapacidad
temporal.
Por su parte, la Generalitat aceptó en la negociación
sindical enmendar la ley 5/2012, del 20 de marzo, por el cual los trabajadores
públicos que estén de baja más de 90 días cobran un 25% menos de sueldo, incluso
en los casos de mujeres embarazadas. “El empeoramiento de estas condiciones no
justifica la mejora”, considera Rosa Canyadell, portavoz de USTEC, sindicato de
docentes que se ha negado a ratificar el acuerdo.
Los únicos empleados
que necesiten una baja laboral a los que el Gobierno catalán no tocará el sueldo
son las mujeres embarazadas, las víctimas de violencia de género y los
trabajadores que hayan sufrido un accidente laboral, pese a que el decreto
considera “debidamente justificados” los casos de hospitalización e intervención
quirúrgica. Fuentes del Departamento de Governación y Relaciones Institucionales
han declarado a La Vanguardia.com que el motivo por el cual solo se
aceptaron estas tres excepciones es porque "hay miles de patologías diferentes y
discernir unas de otras podía generar desigualdades de trato y algunas
paradojas".
Para estudiar posibles excepciones a la regla los sindicatos
y la Generalitat han pactado constituir una comisión de expertos, aunque su
creación podría retrasarse debido a la disolución del Parlamento por la
convocatoria de nuevas elecciones. Esto significa que de entrada solo se
conservará la retribución a los empleados públicos que se encuentren en los tres
supuestos anteriormente mencionados.
No obstante, el Gobierno catalán y
el grupo parlamentario del PSC llevaron el decreto al Consejo de Garantías
Estatutarias , en el cual también se reglamenta otras cuestiones, como las
incompatibilidades en las retribuciones a ex altos cargos. El dictamen de esta institución de la Generalitat
concluyó que la norma “vulnera” las competencias de la Administración catalana.
“Es una medida gravísima impuesta desde el Gobierno estatal con muy poca
resistencia a la hora de defender a los trabajadores por parte del Ejecutivo
catalán, que aplicará el decreto sin contemplaciones”, se queja Xavier Casas.
Docentes y personal sanitario, los más
vulnerables
Los sindicatos lamentan que el decreto no tenga en cuenta
a los colectivos más expuestos a los contagios, como los médicos, enfermeras,
maestros y profesores. Rosa Canyadell sostiene que “las bajas del profesorado
son más cortas por este motivo”, por lo que “saldrán más perjudicados”. En este
sentido hace hincapié en que esto pueda provocar que los docentes “vayan a clase
con virus para evitar ver su sueldo reducido y que contagien a los alumnos”, que
las enfermedades y postoperatorios se acaben “complicando” y que la recuperación
“sea más larga”. Para Canyadell es “una gran coacción” al profesorado ya que
“tendrá que ir a trabajar con fiebre y enfermo”, a lo que se suma el hecho de
que a partir de este curso no habrá docente sustituto en las aulas hasta el
décimo día de baja del titular de la plaza. A su parecer, esto comporta “un
doble ahorro” para las arcas públicas.
Por su parte, Médicos de
Catalunya considera que “dentro de la desgracia” es una legislación “más justa”
de la que hasta ahora estaba vigente en el territorio catalán – refiriéndose a
que desde marzo los empleados públicos que estén más de 90 días de baja cobran
un 25% menos, medida que el acuerdo sindical ha logrado eliminar- . “La
Administración consigue su objetivo de ahorro perjudicando un poco a todos pero
no a los que realmente lo necesitan, el personal con incapacidad temporal de
larga duración”, comenta el secretario general del sindicato Francesc Duch.
La rebaja salarial a funcionarios en
situación de incapacidad temporal se traducirá en un ahorro de 1.023 millones de
euros en tres años -183 millones en 2012, 426 millones en 2013 y 414 millones en
2014-, según el Plan Presupuestario enviado a Bruselas como exigencia para
conseguir la estabilidad económica en España.
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